En el cerro O`Higgins, durante el terremoto del 27/F Tribunal absolvió a imputados por colapso de edificio en Constitución

El edificio se cayó porque hubo gente malintencionada que se robó los materiales, y donde nadie supervisó bien. Gracias a ello, hay ocho personas fallecidas. Me parece injusto. Siento mucha decepción y poca credibilidad para las autoridades”.
Con estas palabras reaccionó ayer Ángela Bravo, familiar de cuatro de las ocho personas que fallecieron durante la madrugada del 27 de febrero del 2010 en el cerro O´Higgins, en Constitución, luego que el Tribunal Oral de Talca absolviera a los dos únicos imputados por el colapso del edificio donde vivían las víctimas. 
Los imputados eran el ingeniero, Ricardo Aránguiz, quien elaboró el plano que la empresa constructora utilizó para postular y ganar la licitación del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu); junto a Oscar Castro, también ingeniero, quien integraba la comisión del Serviu que revisó y aprobó el proyecto habitacional.
Aránguiz y Castro habían sido condenados por cuasidelitos de homicidio múltiples en un primer juicio realizado en mayo del 2012, ocasión en que se absolvió a seis de ocho imputados, entre ellos, a los dueños de la empresa constructora. Pero a solicitud únicamente de las defensas, la Corte de Apelaciones de Talca anuló dicho fallo y ordenó un segundo juicio, cuyo dictamen es definitivo. 

ARGUMENTOS
JUDICIALES
Así, nuevos jueces descartaron que Oscar Castro haya actuado por imprudencia, negligencia o infracción de reglamentos, al señalar que las normas que regulan las comisiones evaluadoras del Serviu no estipulan las obligaciones de sus integrantes. 
“De haberse producido una infracción a los reglamentos o una omisión respecto de los antecedentes que debió fiscalizar la Comisión en su conjunto, tal conducta no puede atribuírsele, inequívocamente, al señor Castro, por el sólo hecho de tener la calidad de ingeniero civil, más aún, si ni siquiera presidía dicha comisión”, añade el veredicto.
En el caso de Ricardo Aránguiz, el tribunal estimó -por votación de mayoría, es decir, dos a uno- que si bien entregó un plano a la empresa que construyó el edificio, se trataba de un “plano tipo” que había sido utilizado en otras ciudades y proyectos, el cual -además- debía ser complementado con el estudio de mecánica de suelo, responsabilidad que recae en la constructora. 
“No obstante, la constructora perseveró en la construcción de los edificios, sin que organismo alguno observara su inexistencia, concediéndose todos los permisos necesarios para tal cometido hasta, incluso, la recepción definitiva de las obras”, agrega la resolución.

REACCIONES
DE ACUSADOS
Una vez conocido el dictamen, Ricardo Aránguiz afirmó que “confío en que se va a establecer la verdad, porque voy a hacer las acciones pertinentes contra todos los responsables. Y si obtengo un beneficio, voy a compensar a las familias que directamente fueron perjudicadas. Mi intención es llegar a la verdad”.
“La fiscalía tropezó dos veces con la misma piedra. La Corte estableció un mínimo para poder condenar con justicia. Es muy curioso, por decir lo menos, que la fiscalía no hizo nada respecto de los verdaderos responsables. Voy a hacer querellas contra todos quienes atestiguaron en forma interesada”, señaló.
Por su parte, Oscar Castro sostuvo que “estoy muy tranquilo. Yo fui involucrado en esto por las mentiras de uno de los testigos que mintió en el juicio anterior. Yo cumplí cabalmente con todas mis obligaciones como ingeniero, así como con todos los reglamentos y protocolos”.

HABLA LA FISCALÍA
A la vez, el fiscal jefe de Talca, Patricio Caroca, quien llevó adelante el segundo juicio, destacó el voto de minoría -de la jueza, Cecilia Díaz, en contraparte a sus pares, Wilfredo Urrutia y Gretchen Demandes- que estuvo por condenar a Ricardo Aránguiz. También recordó que una primera sentencia había declarado culpables a ambos imputados. 
“Pusimos a disposición del tribunal todos los antecedentes, entre ellos peritos de destacada trayectoria. Uno de los jueces ha estimado que sí tenía responsabilidad uno de los ingenieros y el resto no ha compartido dicha decisión. Esto no es una derrota para el Ministerio Público, sino que es cumplir con nuestra labor constitucional”, dijo.
Una opinión similar manifestó el Fiscal Regional, Mauricio Richards, al señalar que “se hizo todo el trabajo que había que hacer. Agotamos todos nuestros esfuerzos, trabajando varios fiscales en la investigación, a lo que se suma un equipo de profesionales de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos. Nosotros tenemos la tranquilidad que se hizo un trabajo serio y responsable”.